Dando continuidad a los esfuerzos
para incrementar la eficiencia en la administración de justicia, la
Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal
Supremo de Justicia, informó la obtención, de un crédito adicional que
viene a cubrir necesidades financieras en cuanto a los incentivos
salariales del personal judicial y la adecuación, equipamiento y
dotación de tribunales y sedes judiciales a nivel nacional, cuyo
funcionamiento se verá optimizado para brindar sus servicios al pueblo
venezolano con mayor calidad.
Anunció la Magistrada Gutiérrez
que “los jueces, todo el personal administrativo, obrero y contratado
del Poder Judicial, recibirá aumentos de sueldos, salarios y
remuneraciones con sus incidencias respectivas en los beneficios de ley,
como parte de las políticas y estrategias de incentivos sociales que
vienen a complementar la calidad de vida de los trabajadores al servicio
del Poder Judicial. Asimismo, en la planificación de inversión se prevé
la adecuación de tribunales penales municipales y de otras materias a
nivel nacional, al igual que la culminación de obras de infraestructura
con el perfeccionamiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo,
lo cual incluye la dotación de mobiliario y equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, destinados a brindar mayor eficiencia en las tareas
judiciales y contribuir con la celeridad procesal a favor del pueblo
venezolano, priorizando desembolsos hacia las obligaciones contraídas,
los requerimientos efectivos y relevantes, sin posibilidad de incurrir
en gastos superfluos”.
Estas gestiones emprendidas por la
Presidenta del Alto Juzgado, constituyen un reconocimiento para la
plantilla que conforma el Poder Judicial, cuyos miembros incrementan día
a día el nivel de respuesta eficiente a los requerimientos de la
sociedad venezolana.
Con la ejecución financiera y
física de estos recursos, se ratifica el compromiso del Poder Judicial y
sus autoridades, para hacer más eficientes los mecanismos de
administración de justicia e incrementar el bienestar de los
trabajadores y trabajadoras judiciales, lo que incide en la buena marcha
de este Poder Público y del Estado en general.
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