Ciudadana Socióloga
Gabriela del Mar Ramírez Pérez
Defensora del Pueblo
Su Despacho.-
Distinguida Funcionaria
Pública.
Nosotros, Coronel (EJB) Marcos
Porras Andrade, Capitán de Navío (ARB) Adolfo Añez Marcano, Coronel (AVB) Tomás
Montes de Oca Lugo, Coronel (GNB) Héctor José Pietri Guzmán, mayores de edad
venezolanos, de este domicilio,
titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 2.743.934, V- 3.054.523, V- 3.222.875, V-
530.281, respectivamente, oficiales en situación de Retiro de las Fuerzas
Armadas Nacionales Bolivarianas, representantes en este acto de todos los
Oficiales en dicha situación de Retiro y sus viudas o viudos, representación la
nuestra que consta en el acta de Votacion elaborado por la Comision Electoral
Permanente del Instituto de Oficiales en Situacion de Retiro de las FANB del
proceso electoral realizado el dia dos (02) de diciembre de dos mil dos
(02/12/2012 (se anexa Acta) donde fuimos
electos para representarlos en cada Componente de las FANB, todos de este domicilio, en acatamiento del
artículo 51 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, nos
dirigimos a usted en su carácter de miembro del Poder Ciudadano garante de la
promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la
Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de
los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos, para solicitar
su intervención por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia con la finalidad de que se interprete o anule el artículo 19 de la Ley
de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional promulgada el 13 de junio de
mil novecientos noventa y cinco (vigente), gaceta oficial
nro. 35.752 extraordinario por ser violatoria de
los derechos humanos y discriminatoria con respecto al tratamiento social que
reciben las honorables viudas o viudos de los militares ya fallecidos que
prestaron valiosos servicios a la República.
I. DE LOS HECHOS
Ciudadana Defensora, es
el caso de que nuestras viudas o viudos reciben sólo el 60% de la pensión
siempre y cuando no existan otro sobrevivientes con derecho, que es una
cantidad menor a lo que les corresponde a los padres del causante cuando se
presenta la misma situación o sea cuando no haya viuda o viudo e hijos con
derechos, se le otorga el cien por ciento (100%), lo cual es injusto e ilógico
vulnerándose así al principio constitucional de NO DISCRMINACIÖN, Art 21 aparte
1 y el principio de la preeminencia de los derechos humanos consagrado en el
artículo 2, ambos articulos de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. El privilegiar a unos en detrimento de otros, es actuar contra los
postulados constitucionales atinentes a los derechos humanos es conductas
discriminatorias rechazadas por nuestra suprema Ley.
A continuación veamos
como la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas nacionales, promulgada
el 13 de agosto de 1.995, G.O. Nº 35.752 Extraordinaria, regula las pensiones
haciendo una distribución muy desigual de la pensión de sobreviviente cuando le
otorga a las viudas o viudos, un porcentaje inferior comparándolo con lo que se
otorga a los padres. Esto le trae a las viudas o viudos un grave problema ya
que no le alcanza para satisfacer sus necesidades, con lo cual se esta
menoscabando un derecho humano como es que la persona humana debe recibir todos
los recursos necesarios para llevar una vida feliz.
CAPITULO III
Las Pensiones y Demás Prestaciones en Dinero:
SECCIÓN CUARTA
De la Pensión de Sobreviviente:
Art. 18.- Tendrán
derecho a la pensión de sobreviviente:
a)
La viuda o el viudo del causante
b)
Los hijos menores de edad, los
mayores de edad que cursen estudios superiores por primera vez y cuya edad
límite no exceda los veintiséis (26) años, o que padezcan invalidez absoluta y
permanente conformidad con lo que establezca el Reglamento y
c)
Los padres en los casos señalados
ene l artículo 19 de esta ley.
Artículo 19.- La
pensión que corresponda a la viuda o viudo, con derecho, será equivalente al
sesenta por ciento (60%) de la ultima remuneración mensual recibida por el
causante, si este hubiera fallecido en situación de actividad o sesenta por
ciento (60%) de la pensión mensual de invalidez o de retiro, si el causante
falleciera en cualquier de estas situaciones.
A falta de viuda o
viuda, a los hijos corresponderá el setenta y cinco por ciento (75%) de la
pensión señalada. La pensión para cada uno de ellos deberá ser en idéntica
proporción, el veinticinco por ciento (25%) corresponderá a los padres.
Si quedare viuda o
viudo sin hijos con derecho, corresponderá a los padres del causante o el que
de ellos sobreviva, una pensión equivalente al veinticinco por ciento (25%). En
este caso aquellos que gocen del porcentaje previsto en la legislación
anterior, continuarán recibiéndolo sin variación en el monto.
Cuando no exista viuda
o viudo, ni hijos que tengan derecho a la pensión, los padres recibirán el cien
por ciento (100%) de la pensión correspondiente.
El Estado venezolano
garantiza que tengamos una pensión
mínima vital y que ésta sea
preservada en su capacidad adquisitiva. Asimismo, garantiza la vigencia y el
respeto a los derechos adquiridos a través del pago oportuno y completo de la
pensiones, es decir sin discriminación alguna
en el tiempo y el espacio.
Los Sobrevivientes
pensionados como nuestras viudas y viudos viven en su gran mayoría
exclusivamente de su pensión establecidas y sus edades de vida sobrepasan los
sesenta 60 años, ubicándose en la categoría de adultas y adultos mayores según
la Ley de los Servicios Sociales en concordancia con la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social de la República.
II DEL DERECHO
- La Sala Constitucional en Sentencia Nº 656 del 30-06-200 expresa lo siguiente:
“El artículo 2 de la Constitución de 1999
expresa que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia. Esto
significa, que dentro del derecho positivo actual y en el derecho que se
proyecte hacia el futuro, la Ley debe adaptarse a la situación que el
desarrollo de la sociedad vaya creando, como resultado de las influencias
provenientes del Estado o externas a él. Son estas influencias las que van
configurando a la sociedad, y que la Ley
y el contenido de justicia que debe tener quien la aplica, deben ir tomando en
cuenta a fin de garantizar a los ciudadanos una calidad integral de vida,
signada por el valor de la dignidad del ser humano. El Estado constituido hacia ese fin, es un
Estado Social de derecho y Justicia, cuya meta no es primordialmente el
engrandecimiento del Estado, sino el de la sociedad que lo conforma con quien
interactúa en la búsqueda de tal fin.
Un Estado de esta naturaleza, persigue un
equilibrio social que permita el desenvolvimiento de una buena calidad de vida
y para lograr su objeto las leyes deben interpretarse en contra de todo lo que
perturbe esa meta, perturbaciones que pueden
provenir de cualquier área del desenvolvimiento humano, sea económico,
cultural, política, etc.
El Estado así concebido, tiene que
dotar a todos los habitantes de mecanismos de control para que ellos tutelen la
calidad de vida que desean, como parte de la interacción o desarrollo
compartido Estado-Sociedad, por lo que puede afirmarse que estos derechos de
control son derechos cívicos, que son parte de la realización de una democracia
participativa, tal como lo reconoce el Preámbulo de la Constitución…”.
El porcentaje asignado a las viudas
o viudos (60%) violenta el fundamento último de los Derechos de los Ancianos,
que es la dignidad humana” por ser inalienable e intangible dentro de los
fines del Estado Social, delineado en el artículo 80 de la Constitución, cuando
señala: “El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de
sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las
familias y la sociedad, esta obligado a
respetar su dignidad humana, su
autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad
social que eleven y aseguren su calidad de vida.
Sobre los fines del Estado Social
éste ha sido el criterio sostenido por la Sala Constitucional. Sentencia Nº 85
del 24 de enero de 2002. Caso: Asodevipralara. Expediente Nº 01-1274:
“A juicio de esta Sala, el Estado
Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran
en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado
de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no
resuelve nada ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones
iguales”.
“El Estado Social va a reforzar la
protección jurídico constitucional de personas o grupos que se encuentren ante
otras fuerzas o económicas en una posición jurídica – económica o social de
debilidad y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado esta obligado
a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la
Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes
tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos…”
Toda esta discriminación es
inaceptable desde el punto de vista de los Derechos Humanos y es contrario a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando nos constituye
como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia “que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en
general, la preeminencia de los Derechos Humanos”.
Así mismo, a tal efecto la Sala
Constitucional en Sentencia Nº 279 de 1-02-2002. Caso : Ministerio Público.
Exp. 02-0093 expreso:
“…
vista la diferencia entre los intereses difusos y colectivos, la acción (sea de
amparo, de inconstitucionalidad u otra especifica) para la protección de los
primeros, la tiene tanto de Defensoría del Pueblo dentro de sus atribuciones,
como toda persona domiciliada en el país, salvo las excepciones legales; mientras
que la de los intereses colectivos, además de la Defensoría del Pueblo, la
tiene cualquier miembro del grupo o sector que se identifique como componente
de esa colectividad especifica y actúe en defensa del colectivo…” (Subrayado
nuestro).
“…
en tal sentido, ésta Sala juzga que sin someter a mayor análisis el punto, la
pretendida legitimación “ad procesum” aducida por el Ministerio Público, no
resulta admisible, pues no se colige en el presente caso que dicho organismo
esté actuando en conformidad con las atribuciones que expresamente le confiere
la Constitución; por el contrario, es la Defensoría del Pueblo quien
ostenta, visto que su función y atribuciones responden a un interés plural, esto es, la de intereses legítimos
individuales de sujetos que se encuentran en una misma situación, ello, a la
luz de Carta Fundamental…” (subrayado nuestro).
III PETITORIO
Ciudadana
Defensora del Pueblo, la Constitución de la república Bolivariana de
Venezuela de 1.999, le otorgó expresamente a su despacho, en su artículo 281,
numerales 1,2,3, y 7, la facultad de amparar y proteger los derechos sociales e interés colectivos, contra las arbitrariedades y desviaciones
de poder; y la de interponer las
acciones de inconstitucional y de amparo y las demás que fuere procedente de
conformidad con la ley, quedando extinguida cualquier interpretación
restrictiva en lo que a las competencias del Poder Ciudadano se refiere. En
consecuencia, sobre la base de artículos 26, 280, y 335 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con las competencias
que le atribuyen el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
en sus numerales 1, 2, 3 solicitamos lo siguiente:
1.- Que
la ciudadana Defensora del Pueblo admita la presente carta y proceda a
solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional la
interpretación o nulidad del Articulo 19, de la Seccion Cuarta del Capitulo III
de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, para
asi dejar sin efecto la violación a los Derechos Humanos y a la no
Discriminacion contemplado en nuestra Constitucion, en la desigualdad que
existe actualmente en el otorgamiento a las viudas o viudos de la pension de
sobrevivientes.
2.- Que se coordine con la Ministro del Poder
Popular de Defensa para que con una medida administrativa se proceda a corregir
de inmediato dicha desigualdad, hasta tanto la Sala Constitucional resuelva el
asunto.
Es justicia, que esperamos en Caracas, el
dia del mes de julio de 2.014
MARCOS
PORRAS ANDRADE
ADOLFO ANEZ MARCANO
Coronel (EJB) ®
Capitan de Navio (ARB)®
TOMAS MONTES DE OCA LUGO HECTOR JOSE PIETRI GUZMAN
Coronel (AVB)® Coronel (GNB)®
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